El 19 de junio del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la Ley General de Salud en las que se despenaliza el uso del cannabis con fines medicinales, es decir, a partir de eso supuestamente ya no habría sanciones legales para las personas que usaran el cannabis medicinal, sus productos derivados o con fines de investigación, pero contrario a lo planteado dos años después, se han hecho evidentes una serie de omisiones y desconocimiento por parte de las instituciones que implementaron la legislación, lo cual, impide implementar todos los puntos ( de investigación, educación, dosis y control de riesgos) que implicaría tener una adecuada legislación del cannabis medicinal en México.

Por otro lado, la Secretaría de Salud, mediante la COFEPRIS debía ser la encargada de implementar el reglamento y los lineamientos para que pacientes, médicos, empresas e investigadores comenzaran a hacer uso del cannabis con fines medicinales, tal como lo ordena el 4to transitorio del decreto del 19-06-2018: La Secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del TETRAHIDROCANNABINOL de los siguiente isómeros: 6a (10a), 6a (7), 7, 8, 9, 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas.

Sin embargo, la entidad tardó más de 180 días para pronunciarse, mostrando confusión y poco entendimiento de los procesos que debían seguirse. Primero, en octubre del 2017, se mostró un borrador de un supuesto reglamento de cannabis medicinal, pero no fue hasta un año y medio después de la publicación del decreto que la COFEPRIS que publicó de manera oficial los “Lineamientos en materia de control sanitario del cannabis y derivados de la misma”.

Para entonces, Julio César Sánchez y Tepoz el entonces comisionado titular a cargo de la COFEPRIS al respecto de las decisiones negativas por parte de la institución, dio los siguientes «argumentos»: El primero era que la COFEPRIS no era responsable de la publicación de un reglamento y por tanto, sus facultades se limitaban a la publicación de lineamientos, que en ese entonces, NO contemplaban en alguna forma a los pacientes, debido, según ellos a que la producción tanto nacional como el autocultivo no estaban permitidos. La consecuencia de eso fue que la medicina y  los productos derivados del cannabis que fuese permitida debería ser importada.

En ese contexto, los costos de la medicina sobrepasaban el valor de los productos que pudieran producirse en el país.  Enseguida y de manera súbita, cuando estaba a punto de terminar el sexenio del entonces presidente Peña Nieto la COFEPRIS aceleró todos los procedimientos y en menos de un mes autorizó la importación de 38 productos. Movimiento en el que 4 empresas mexicanas (CBD Life, CBD Science, Endo Natural Labs y Farmacias Magistrales) dos estadounidenses (Med Mex y Aceites Orgánicos de América) y una española (Finat México) eran las que estaban autorizadas a comercializar dichos productos.

El 28 de noviembre del año 2018, el Director de Comercio Exterior y entonces presidente de la Comisión de Comercio Exterior solicitó a la COFEPRIS iniciar con la articulación de normativas y las gestiones necesarias para realizar este tipo de importaciones y con ello, realizar ajustes en el marco normativo redactado en el oficio. La Comisión de Comercio Exterior al hacer una primera revisión, se dice sorprendida a los anuncios de licencias concedidas por la COFEPRIS, argumentando que en diversas ocasiones le fueron entregadas listas con las fracciones arancelarias de las tarifas de los Impuestos generales de importación y exportación, donde el cannabis o marihuana eran prohibidas.

Cabe señalar que dichas modificaciones a esta normativa eran responsabilidad del entonces Congreso de la Unión o del presidente, ya que se trataba de una ley federal, por lo que al no realizar las modificaciones, los productos no podrían ser importados para ningún fin, salvo por la resolución judicial.

Por su parte, el comisionado Julio Sánchez y Tepoz estimó que el mercado se abrirá hasta el últimos trimestre del 2019 cosa, que probablemente no sucederá. En resumen para que pudiera existir una regulación viable, segura y adecuada, debe haber cooperación y comunicación entre las instituciones gubernamentales que estén involucradas, mientras el sector médico y los pacientes estén atentos a cualquier irregularidad que puedan surgir.